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La reapertura del tren directo entre Madrid, Aranda de Duero y Burgos vuelve al centro del debate político y económico. La Junta de Castilla y León ha intensificado su presión al Gobierno central para recuperar esta conexión ferroviaria, considerada estratégica para el desarrollo del territorio.
Durante una jornada centrada en el Corredor Central Madrid-Burgos, el consejero de Movilidad, José Luis Sanz Merino, ha insistido en la necesidad de impulsar este eje y lograr su integración en el Corredor Atlántico europeo.
El objetivo de la Junta es reforzar la posición de Castilla y León dentro de las grandes redes de transporte europeas.
La inclusión de este corredor en el eje atlántico permitiría mejorar la competitividad logística de la región y evitar que quede al margen de las principales infraestructuras continentales.
En este contexto, la conexión ferroviaria se plantea como una pieza clave para el transporte de mercancías y la movilidad de pasajeros.
Según las estimaciones del Gobierno autonómico, la recuperación de esta línea ferroviaria tendría un impacto directo en la economía:
Estas cifras refuerzan la idea de que el proyecto no solo mejoraría la conectividad, sino que actuaría como motor de desarrollo industrial y empresarial.
El presupuesto es uno de los puntos más controvertidos del proyecto.
El Ministerio de Transportes sitúa la inversión necesaria en torno a los 1.300 millones de euros, mientras que la Junta plantea una alternativa más ajustada, con un coste estimado entre 185 y 376 millones.
La propuesta autonómica apuesta por una rehabilitación más eficiente de la infraestructura existente, incluyendo la recuperación del túnel de Somosierra, con el objetivo de facilitar su viabilidad económica y el acceso a financiación europea.
Este proyecto se enmarca dentro de la Estrategia Logística 2030 de Castilla y León, que contempla una inversión global de 290 millones de euros.
En este escenario, Burgos se posiciona como un eje logístico fundamental, con desarrollos en marcha como:
También destaca el crecimiento del sector de la “inmologística”, con millones de metros cuadrados de suelo industrial en desarrollo para atraer inversión.
Más allá del impacto económico, la Junta subraya la importancia de esta infraestructura para mejorar la cohesión territorial.
La reapertura del tren permitiría conectar mejor ciudades y zonas rurales, impulsando polos industriales intermedios y favoreciendo un desarrollo más equilibrado.
El avance del proyecto dependerá ahora de la decisión del Gobierno central, en un contexto en el que la rentabilidad, la planificación estratégica y la inversión pública serán determinantes.
La recuperación de esta histórica conexión ferroviaria sigue siendo una reivindicación clave para Castilla y León, con implicaciones directas en el desarrollo económico y territorial de la región.
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