Cada verano, millones de españoles hacen las maletas y se desplazan a ciudades históricas, costas saturadas y pueblos que multiplican su población en cuestión de días. En ese contexto, el turismo no molesta. Las aglomeraciones se aceptan como parte del ritual vacacional, los precios elevados se justifican por la “temporada alta” y la masificación se normaliza bajo la lógica del descanso merecido. El turismo, cuando lo disfrutamos, es un derecho.
Sin embargo, ese mismo turismo se convierte en un problema cuando ocurre en nuestro barrio, en nuestra ciudad o en nuestro entorno inmediato. Entonces aparecen palabras como “saturación”, “expulsión vecinal”, “gentrificación” o “modelo insostenible”. El viajero deja de ser turista para convertirse en intruso. Esta contradicción no es anecdótica: define gran parte del debate actual sobre el turismo en España.
El turismo que sí molesta (cuando no es el nuestro)
España es uno de los países más dependientes del turismo del mundo. En 2023, el sector turístico aportó aproximadamente el 12,3 del PIB nacional, con un impacto económico cercano a los 184.000 millones de euros. De ese volumen, entre el 30 y el 36 corresponde directamente a la actividad de alojamiento turístico, lo que sitúa al sector del alojamiento en torno a un 4 del PIB nacional.
Dentro de ese ecosistema, los alojamientos turísticos vacacionales —apartamentos, viviendas de uso turístico y alojamientos rurales— representan alrededor del 14 de las pernoctaciones colectivas en España. Traducido a términos macroeconómicos, su contribución directa se sitúa aproximadamente entre el 0,5 y el 0,6 del PIB, sin contar efectos indirectos sobre comercio, restauración, transporte y empleo local. El turismo rural, aunque menor en volumen, cumple un papel estratégico en la supervivencia económica de cientos de municipios.
Estos datos no son opinables. Son estructurales. Y, sin embargo, el discurso público tiende a fragmentarlos según convenga al relato político o personal.
¿Un problema político o una cuestión de conveniencia personal?
El debate sobre el turismo —y especialmente sobre los alojamientos vacacionales— suele presentarse como una disputa ideológica: regulación frente a liberalización, derecho a la vivienda frente a actividad económica, vecinos frente a visitantes. Pero, en la práctica, muchas de las posiciones más vehementes no responden tanto a una ideología coherente como a un cálculo individual de costes y beneficios.
Cuando el turismo genera ingresos en “mi” destino vacacional, se defiende como motor económico. Cuando encarece el alquiler en “mi” ciudad, se denuncia como una amenaza. Cuando revitaliza un pueblo al que voy en Semana Santa, se celebra. Cuando transforma el barrio en el que vivo, se combate.
Este cambio de criterio no es político: es profundamente humano y, en muchos casos, abiertamente egoísta. El problema no es el turismo, sino quién paga el precio y quién recoge los beneficios.
¿Qué supondría “acabar” con este tipo de turismo?
Eliminar o restringir severamente el turismo vacacional y los alojamientos de corta estancia no es una decisión neutra. Supone renunciar a una parte relevante del PIB, destruir decenas de miles de empleos directos e indirectos y debilitar economías locales que dependen casi en exclusiva de este flujo de visitantes, especialmente en zonas rurales y ciudades medianas.
Además, el turismo no desaparece: se desplaza. Limitarlo en unas ciudades no reduce la demanda, simplemente la redirige a otros territorios o países. El resultado no es menos turismo, sino menos ingresos, menos actividad económica y mayor dependencia de sectores alternativos, muchas veces menos dinámicos.
El verdadero debate pendiente
La cuestión de fondo no es si el turismo es bueno o malo, ni si los alojamientos turísticos deben existir o no. El verdadero debate es cómo se reparten los costes y beneficios del modelo turístico, cómo se gestiona su impacto y cómo se evita que el problema se aborde desde la hipocresía o la conveniencia personal.
Mientras sigamos defendiendo el turismo cuando nos beneficia y atacándolo cuando nos incomoda, el debate seguirá siendo estéril. No se trata de elegir entre turistas o vecinos, sino de aceptar una realidad económica clave para España y gestionarla con rigor, datos y coherencia.
Porque el turismo que hoy molesta en tu ciudad es, muy probablemente, el mismo que mañana disfrutarás en la de otro.
