 |
España dispone de un amplio dispositivo de extinción, pero la experiencia mediterránea demuestra que la diferencia también se juega antes del verano: gestión forestal, viviendas protegidas, empleo profesional y acuerdos que sobrevivan a las elecciones.
Cada gran incendio activa una secuencia conocida: imágenes de llamas, desalojos, balances provisionales, comparecencias políticas y un intercambio de acusaciones sobre quién actuó tarde, quién recortó o quién no limpió el monte. Investigar los errores es imprescindible. Pero si el debate termina ahí, el país vuelve a llegar al verano con muchos de los mismos problemas.
España necesita buenos medios de extinción, pero ningún dispositivo puede garantizar que un incendio extremo quede en un susto. La prevención se construye durante todo el año: reduciendo combustible vegetal en lugares estratégicos, protegiendo las viviendas próximas al monte, manteniendo caminos y puntos de agua, apoyando al medio rural, formando equipos estables y evaluando con independencia lo que falló.
La comparación con Portugal, Francia, Italia o Grecia no ofrece una receta única ni permite elaborar un ranking simple. Sí deja una conclusión útil: la política forestal funciona mejor cuando combina extinción, prevención, autoprotección y continuidad presupuestaria. Esa es la conversación que España debería mantener cuando las llamas se apaguen.
Los grandes incendios forestales actuales pueden superar la capacidad de extinción durante sus fases más adversas. La continuidad de la vegetación seca, la baja humedad, las temperaturas elevadas, el viento y una orografía complicada favorecen propagaciones rápidas y comportamientos peligrosos. En esas condiciones, disponer de más aeronaves ayuda, pero no elimina el riesgo ni sustituye el trabajo previo sobre el territorio.
También conviene separar dos cuestiones que se mezclan con frecuencia:
La causa de inicio explica qué produjo la ignición: un rayo, una negligencia, un accidente, una reproducción o una acción intencionada, entre otras posibilidades.
Los factores de propagación explican por qué el fuego creció y adquirió intensidad: meteorología, sequedad del combustible, continuidad de la vegetación, relieve, accesos, distribución de viviendas o capacidad operativa.
El cambio climático puede aumentar la frecuencia de condiciones favorables para incendios más intensos y prolongar las temporadas de riesgo, pero no demuestra por sí solo la causa de un fuego concreto. Del mismo modo, afirmar que un incendio se produjo “por falta de limpieza” confunde el origen de la ignición con las condiciones que facilitaron su avance.
El dispositivo estatal español para el verano de 2026 incluye 56 medios aéreos: 25 aviones y 31 helicópteros, además de brigadas forestales, equipos de prevención y unidades móviles. A esta estructura del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico se suman los medios de las comunidades autónomas, los servicios locales y, cuando se solicita, otras capacidades estatales.
Comparar esa cifra directamente con otros países conduce a errores. Portugal publica un dispositivo nacional integrado; España e Italia separan medios estatales y regionales; Francia incorpora en su balance recursos departamentales. Tampoco todas las aeronaves tienen la misma capacidad, disponibilidad o misión.
| País y campaña 2026 | Medios anunciados en máxima disponibilidad | Qué incluye la cifra | Precaución al comparar |
|---|---|---|---|
| España | 56 medios aéreos estatales | 25 aviones y 31 helicópteros del MITECO; además, brigadas y equipos terrestres | No incluye las flotas de las comunidades autónomas |
| Portugal | Hasta 80 medios aéreos | Dispositivo DECIR integrado, con 15.149 operativos, 2.596 equipos y 3.463 vehículos en su nivel máximo | La estructura nacional integra recursos que en España se contabilizan por separado |
| Francia | 65 aeronaves bombarderas de agua, más 3 de coordinación | Medios nacionales y 27 helicópteros departamentales | Suma niveles administrativos diferentes |
| Italia | 15 Canadair, 4 helicópteros Erickson y 9 helicópteros estatales adicionales | Flota nacional reforzada por Defensa y Carabinieri | Las regiones aportan otros medios no incluidos |
Lectura correcta: estas cifras describen arquitecturas operativas distintas; no permiten determinar por sí solas qué país está mejor preparado. La disponibilidad real, el mantenimiento, las bases, el tiempo de llegada, la coordinación y el estado previo del territorio son tan importantes como el número bruto.
La misma cautela es necesaria con el dinero. No hay una contabilidad mediterránea común que separe de manera idéntica prevención, extinción, restauración, protección civil y gestión forestal. Comparar partidas de distinto alcance puede ofrecer una apariencia de precisión que los datos no sostienen.
| País | Dato público de referencia | Qué mide realmente |
| Portugal | 638 millones de euros en 2024; 354 millones destinados a prevención, el 55% | Gasto del sistema integrado de gestión de incendios rurales. Es el dato más próximo a una visión anual de conjunto |
| España | 187,7 millones para el servicio estatal de medios aéreos 2025-2027 | Contrato plurianual de apoyo aéreo estatal; no representa todo el gasto español en incendios |
| España | 401 millones en el componente de gestión forestal sostenible del plan de recuperación | Incluye política forestal más amplia; no todo se destina a prevención de incendios |
| Grecia | Más de 2.000 millones en el programa AIGIS | Modernización de protección civil ante varios riesgos, no solo incendios forestales |
| Grecia | Alrededor de 400 millones en distintas fases de AntiNero | Tratamientos forestales, caminos, fajas y otras actuaciones preventivas |
| Francia | Pacto de capacidades iniciado con 150 millones de euros | Programa de refuerzo y modernización; no equivale al gasto anual total contra incendios |
Portugal ofrece una enseñanza especialmente interesante. En 2024 destinó el 55 % del gasto de su sistema a prevención y registró 6.255 incendios, la cifra más baja de su serie oficial. Sin embargo, ardieron 137.651 hectáreas. El contraste es importante: prevenir reduce igniciones y exposición, pero una meteorología extrema todavía puede convertir unos pocos episodios en incendios muy graves. Ningún modelo elimina el riesgo.
En las zonas francesas sometidas a la obligación legal de desbroce, la vegetación debe gestionarse generalmente en un radio mínimo de 50 metros alrededor de los edificios y hasta 10 metros a ambos lados de determinados accesos. La administración francesa sostiene que el 80 % de los incendios se inicia a menos de 50 metros de las viviendas y que nueve de cada diez casas destruidas estaban insuficientemente protegidas.
Esos porcentajes corresponden al contexto francés y no deben trasladarse automáticamente a España. La lección sí resulta válida: en la interfaz urbano-forestal, la autoprotección de parcelas, accesos y edificaciones puede reducir el riesgo para las personas y facilitar el trabajo de los equipos de emergencia.
El programa AntiNero ha financiado tratamientos de combustible, mantenimiento y apertura de caminos forestales, fajas de protección y planes específicos. La OCDE destaca objetivos como 12.000 kilómetros de caminos, 1.600 kilómetros de zonas de discontinuidad y 39 planes de protección, además de una experiencia piloto de quema prescrita en Quíos.
Una quema prescrita no consiste en prender fuego al monte sin control. Es una intervención técnica planificada, ejecutada por personal especializado bajo condiciones meteorológicas y de seguridad previamente definidas. Tampoco sirve en cualquier lugar: debe integrarse con tratamientos mecánicos, pastoreo, aprovechamiento de biomasa y conservación ecológica.
Tras el incendio de Serra da Estrela, Portugal elaboró un informe de lecciones aprendidas con 45 acciones correctoras. La mayoría afectaba a organización, interoperabilidad, liderazgo, procedimientos y doctrina. Este enfoque evita que una evaluación se limite a buscar un único culpable y la convierte en una herramienta para corregir el sistema.
Las revisiones independientes posteriores a los grandes incendios deberían publicarse con plazos, responsables y un seguimiento visible. Identificar un error no basta si la recomendación desaparece hasta la siguiente emergencia.
España no parte de cero. El Plan Forestal Español 2022-2032 recoge gestión de biomasa, ganadería extensiva, tratamientos selvícolas, prevención durante todo el año, coordinación, formación y evaluación. La dificultad está en transformar los objetivos generales en actuaciones estables, medibles y adaptadas a cada territorio.
Por tanto, el debate no debería reducirse a “limpiar todo el monte”. Esa expresión es técnicamente imprecisa y ambientalmente inviable. La prioridad consiste en actuar de forma estratégica: entornos de núcleos habitados, corredores de evacuación, puntos críticos, masas continuas, infraestructuras esenciales y zonas donde el tratamiento ofrezca mayor protección.
Cuando un incendio causa daños graves, es legítimo preguntar si la prevención fue suficiente, si los planes estaban actualizados, si se movilizaron los recursos adecuados o si una orden operativa fue correcta. La transparencia protege a la ciudadanía y también a los profesionales frente a acusaciones infundadas.
Lo que deteriora el debate público es presentar una acusación política como si fuera una conclusión técnica o judicial. En un sistema descentralizado, casi siempre intervienen varias administraciones y cada una tiene funciones diferentes.
| Nivel | Funciones habituales relacionadas con los incendios | Límites y matices |
| Gobierno de España | Marco básico, coordinación estatal, estadísticas, apoyo aéreo, brigadas, protección civil, previsión meteorológica, investigación policial y UME cuando se solicita o corresponde | El Estado apoya, pero la dirección ordinaria de la emergencia y la gestión forestal recaen principalmente en las comunidades autónomas |
| Comunidades autónomas | Gestión forestal, prevención, vigilancia, extinción, planes de emergencia y dirección operativa | Deben coordinarse con municipios, Estado y regiones limítrofes |
| Diputaciones, cabildos y consejos insulares | Asistencia técnica y económica a municipios, servicios supramunicipales y apoyo según el territorio | Sus competencias varían entre provincias e islas |
| Ayuntamientos | Planificación local, autoprotección, información, mantenimiento de espacios municipales, accesos y colaboración con emergencias | Su capacidad técnica y financiera es muy desigual |
| Propietarios y residentes | Cumplimiento de obligaciones de gestión y autoprotección aplicables a parcelas y edificaciones | Las obligaciones concretas dependen de la normativa y de la clasificación del terreno |
La atribución exacta debe estudiarse en cada caso, con el plan de emergencia, la normativa autonómica, las órdenes de movilización y los informes técnicos delante. Decir simplemente “la culpa fue del Gobierno” o “la culpa fue del ayuntamiento” rara vez explica una emergencia compleja.
| Tipo de responsabilidad | Qué debe analizarse | Quién puede determinarla |
| Política | Prioridades, presupuestos, planes, nombramientos, cumplimiento de compromisos y rendición de cuentas | Parlamentos, gobiernos, oposición, medios y ciudadanía a partir de hechos verificables |
| Administrativa | Incumplimiento de normas, expedientes, contratos, planes o deberes de servicio | Órganos administrativos, fiscalización y tribunales |
| Operativa | Decisiones de mando, comunicaciones, movilización, evacuación y seguridad | Informes técnicos, investigaciones internas y evaluaciones independientes |
| Penal | Intencionalidad, imprudencia grave u otros delitos | Policía judicial, Fiscalía y jueces |
| Utilización partidista | Acusaciones genéricas, datos recortados o conclusiones difundidas antes de investigar | Debe ser contrastada públicamente; no equivale por sí misma a una responsabilidad jurídica |
No todas las críticas políticas son oportunistas. Algunas descubren fallos reales y obligan a corregirlos. Tampoco todas las explicaciones oficiales son suficientes. La neutralidad periodística no consiste en dar el mismo valor a dos versiones incompatibles, sino en comprobar qué documentos, datos y testimonios respaldan cada una.
Un pacto de Estado no debería ser una fotografía de dirigentes ni una declaración sin presupuesto. Debería fijar compromisos durante al menos una década, respetar las competencias autonómicas y permitir adaptaciones territoriales.
Estos serían sus elementos mínimos:
Financiación preventiva estable. Un suelo plurianual que no dependa del impacto mediático de la campaña anterior.
Objetivos públicos por territorio. Hectáreas tratadas, fajas mantenidas, pastoreo preventivo, quemas prescritas, aprovechamiento de biomasa y protección de infraestructuras, con criterios ecológicos.
Plan nacional de interfaz urbano-forestal. Cartografía de riesgo, normas claras para nuevas urbanizaciones, perímetros defendibles, accesos para emergencias, hidrantes y planes de evacuación.
Equipos profesionales durante todo el año. Más estabilidad laboral, formación común y carrera profesional para quienes trabajan en prevención, vigilancia y extinción.
Coordinación que se practique. Protocolos compatibles, comunicaciones interoperables y simulacros entre comunidades limítrofes, Estado y municipios.
Detección y ataque inicial. Vigilancia terrestre, cámaras, sensores, satélites y análisis de datos, sin presentar la tecnología como sustituto del personal sobre el terreno.
Economía rural preventiva. Apoyo a ganadería extensiva, agricultura en mosaico, selvicultura y cadenas locales de biomasa cuando sean ambiental y económicamente viables.
Ciencia y adaptación climática. Restauraciones que tengan en cuenta los escenarios futuros, la disponibilidad de agua y la diversidad de especies y estructuras forestales.
Evaluación independiente en 90 días. Informe público después de cada gran incendio, con acciones correctoras, administración responsable y fecha de cumplimiento.
Información pública comparable. Un panel común que muestre inversión, ejecución, superficie tratada, recursos disponibles, tiempos de respuesta y grado de cumplimiento.
España tiene margen para conectar las políticas activas de empleo con la prevención forestal, pero el enfoque importa. Las personas desempleadas no son una reserva de mano de obra gratuita y las prestaciones son un derecho, no el pago anticipado de un trabajo obligatorio.
Según los datos provisionales del SEPE correspondientes a mayo de 2026, 1.686.936 personas percibían alguna prestación por desempleo. De ellas, 797.687 recibían la contributiva, 824.227 el subsidio general, 553 la Renta Activa de Inserción y 64.469 el subsidio para eventuales agrarios. El gasto mensual total fue de 1.934,6 millones de euros, de los que 615,6 millones correspondieron al subsidio general.
Estas cifras no deben multiplicarse mecánicamente por doce para prometer un supuesto ahorro anual: el número de beneficiarios, las altas, las bajas, la duración y el tipo de prestación cambian cada mes. Tampoco sería correcto financiar prevención retirando derechos a quienes no puedan realizar tareas forestales.
No se trata, por tanto, de presentar el gasto en prestaciones y el coste del programa como dos cajas automáticamente intercambiables. La propuesta pertenece a las políticas activas de empleo: debe tener financiación propia, objetivos de inserción y una evaluación independiente.
La alternativa razonable sería un Programa de Empleo Verde Forestal con estas condiciones:
Participación voluntaria y selección transparente.
Contrato laboral, salario y cotización, gestionando la prestación conforme a la normativa aplicable.
Formación acreditada en trabajos forestales y prevención de riesgos.
Reconocimiento médico, equipos de protección, maquinaria adecuada y supervisión profesional.
Prioridad posible para personas desempleadas de larga duración, jóvenes y residentes rurales, sin discriminación y atendiendo a la aptitud requerida.
Trabajo durante todo el año en mantenimiento de áreas defendibles, caminos, puntos de agua, retirada y aprovechamiento de biomasa, vigilancia auxiliar y restauración posterior.
Exclusión expresa del ataque directo al fuego salvo acceso posterior, formación específica y pertenencia a un dispositivo profesional.
Prohibición de sustituir puestos estructurales de brigadas, agentes forestales, bomberos o empresas especializadas.
El SEPE ya dispone de perfiles y programas formativos vinculados a trabajos forestales, mantenimiento de cortafuegos y puntos de agua. En 2026 se distribuyeron 2.571 millones de euros para políticas activas de empleo, lo que abre una vía para financiar pilotos con las comunidades autónomas y los ayuntamientos.
Como escenario orientativo —no como presupuesto oficial—, un programa de 10.000 empleos anuales podría requerir entre 350 y 450 millones de euros, incluyendo salarios, cotizaciones, formación, protección, herramientas, transporte y dirección técnica. Equivaldría aproximadamente al 14 % - 18 % de los fondos de políticas activas de empleo de 2026. Antes de ampliarlo habría que medir inserción laboral, seguridad, coste por hectárea, calidad de los trabajos y permanencia de sus efectos.
La finalidad no sería “poner a los parados a limpiar el monte”, una formulación que estigmatiza y simplifica el problema. Sería crear una vía profesional de acceso al sector forestal, reforzar plantillas sin precarizarlas y generar actividad económica en territorios rurales.
La Comunidad de Madrid cuenta en 2026 con un plan anual de prevención, vigilancia y extinción aplicable a todo el territorio. El documento integra medios activos durante todo el año, refuerzos para las épocas de peligro y protocolos de movilización inmediata con Castilla y León y Castilla-La Mancha en una franja de cinco kilómetros a ambos lados de sus límites.
Para la Sierra Norte, un pacto de largo plazo podría traducirse en proyectos concretos y visibles antes del verano:
Perímetros defendibles en núcleos y viviendas próximas al monte.
Mantenimiento de accesos, vías de evacuación y puntos de agua.
Pastoreo controlado en corredores seleccionados y con seguimiento técnico.
Gestión de biomasa vinculada, cuando sea viable, a consumo local.
Formación y contratación profesional de población del territorio.
Cartografía pública de prioridades y cumplimiento de trabajos.
Simulacros entre municipios, Comunidad de Madrid y territorios limítrofes.
Madrid ya ha utilizado pastoreo preventivo en municipios de la Sierra, como Miraflores de la Sierra y La Cabrera. La pregunta útil no es si esta herramienta “soluciona” los incendios, porque ninguna medida aislada lo hace, sino dónde resulta eficaz, cuánto cuesta, qué superficie mantiene y cómo se combina con otros tratamientos.
Los incendios forestales no pueden quedar fuera del debate político: hay presupuestos, decisiones y responsabilidades que deben examinarse. Pero convertir cada emergencia en un concurso inmediato de culpables dificulta distinguir los fallos reales de la propaganda.
La ciudadanía puede exigir otra forma de actuar: acuerdos con plazos, objetivos medibles, evaluaciones públicas y consecuencias cuando se incumplan. También puede valorar a sus representantes por su capacidad para colaborar y resolver, no por la intensidad de sus acusaciones.
Investigar posibles negligencias y depurar responsabilidades resulta imprescindible. Hacerlo con documentos, competencias claras y conclusiones técnicas fortalece las instituciones. Utilizar cada incendio para trasladar automáticamente toda la culpa al adversario impide construir una estrategia común, preventiva y duradera.
El momento decisivo no llega cuando las cámaras enfocan las llamas. Llega meses antes, cuando hay que aprobar un presupuesto, mantener un camino, ordenar una urbanización, formar un equipo o sentar en la misma mesa a administraciones de distinto signo. Ningún avión limpia el monte en febrero. La política sí puede decidir que alguien lo gestione bien, de forma segura y durante todo el año.
9
